CAMIMPEG: la militarización de la industria extractiva

Rodolfo Montes de Oca

Bitácora Personal

El pasado 10 de febrero de 2016, se publicó en la Gaceta Oficial nro. 40.845 el decreto nro. 2.231 por parte de la Presidencia de la República donde se crea la Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (CAMIMPEG), la cual estará adscrita al Ministerio del Poder Popular para la Defensa.

La creación de esta empresa estatal se une a la promulgación el pasado 24 de febrero de la “Zona de Desarrollo Estratégico Nacional Arco Minero del Orinoco (AMO)” mediante el decreto nro. 2.248 de la Presidencia de la Republica y publicado en la Gaceta Oficial nro. 40.855 donde se crea una zona franca de 111.843 km2, que comprende el 12,2% del territorio nacional, para la explotación minera por parte de 150 empresas extranjeras y nacionales en donde se encuentra CAMIMPEG.

Esta iniciativa creada por el Ejecutivo Nacional según el artículo nro. 2 del referido decreto tendrá como objeto: “…Todo lo relativo a las actividades licitas de Servicios Petroleros, de Gas y Explotación Minera en general, sin que esto implique limitación alguna…”; Con lo cual no solo se afirma en su extenso objeto que  tendrá funciones de exploración y explotación, si no que también podrá comercializar, exportar, importar y ejecutar obras públicas, lo que lo lleva a competir en igualdad de condiciones con la  industria Petróleos de Venezuela Sociedad Anónima (PDVSA)     

Llama poderosamente la atención que la actividad de extracción y explotación de hidrocarburos que es un monopolio exclusivo del Estado y que el mismo es ejercido por PDVSA tenga un competidor directo en igualdad de condiciones que la principal empresa del país. Por lo cual debemos empezar aseverar que el petróleo es de los venezolanos y de las FANB en igualdad de condiciones. 

Lo mismo ocurre con la actividad aurífera desde que el 23 de agosto de 2011, el presidente Hugo Chávez, firmó el Decreto con Rango Valor y Fuerza de Ley para nacionalizar la explotación del oro y actividades conexas para continuar fortaleciendo la economía nacional; la cual fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria nro. 6.150 del 18 de noviembre de 2014. La cual fue la culminación de una serie de políticas públicas que fracasaron como el “Plan Caura”, “Misión Piar” y la “Reconvención Minera”.

Un punto vital de la formación de CAMIMPEG se encuentra en su artículo nro. 4 donde se establece que el capital social de la empresa será suscrito y pagado en su totalidad por la Republica Bolivariana de Venezuela; con lo cual queda en evidencia de que es el ciudadano a través de los desgrávamenes el que financiara el funcionamiento de una empresa extractivista que solo beneficiara al estamento militar. El impuesto con el cual pecharan este año a la experiencia cooperativista de Cecosesola, que no genera renta, ira de una u otra forma a financiar la explotación aurífera en el estado Bolívar.

De forma alevosa en el artículo nro. 9, el legislador remite el funcionamiento de la empresa al Acta Constitutiva, los Estatutos y su reglamento interno. Sin embargo el pasado 8 de marzo, el viceministro de Defensa, Alexander Hernández afirmo en rueda de prensa que: “…tiene previsto comenzar sus operaciones en menos de un mes…”; con lo cual se puede intuir sin hacer mucho esfuerzo, que CAMINPEG como sujeto jurídico deben reposar en un registro mercantil, al cual todos los venezolanos podemos tener acceso, para poder así ver el capital subscrito, su junta directiva y ver como funcionan.

Hoy en día, las FANB actúan en Venezuela como el agente económico más poderoso, no solo cuentan con el monopolio exclusivo de las armas, si no que tienen televisora, radios, un banco e industrias que van desde la agricultura hasta el ensamblaje de vehículos para su comercialización.

Todo esto pone de manifiesto que el ejército esta construyendo un Estado paralelo en el país donde poder gestionar con dividendos la renta pública. Militarizando la sociedad y convirtiéndonos en sus reclutas involuntarios. ¡Rompamos filas!   

El Arco Minero del Orinoco: el ocaso de los derechos laborales en los pueblos indígenas.

Rodolfo Montes de Oca
Bitácora Personal

El pasado 24 de febrero de 2016, se público en la Gaceta Oficial nro. 40.855, el decreto nro. 2.248 donde se crea la Zona de Desarrollo Estratégico Nacional “Arco Minero del Orinoco” en Consejo de Ministros con la aprobación y anuencia del Ejecutivo Nacional.

                  

En el referido decreto se establece en su artículo 25 que: “…ningún interés particular, gremial, sindical, de asociación o grupos, o sus normativas, prevalecerá sobre el interés general en el cumplimiento del objetivo contenido en el presente decreto…”. Con lo cual no solo se pone un contó a las libertades políticas y civiles en 111.843 km2, si no que coarta y pone en tela de juicio los derechos laborales, bregados a brazos caídos y puños alzados en el país.      

Tal y como se puede observar en el articulo 2 del referido decreto, la delimitación de la zona de desarrollo minero, que se extienden en un 12,2% del territorio nacional, afecta a pueblos indígenas como los Inga, Mapoyo, Eñepá, Kariña, Arawak y Akawako, los cuales al ver destruida sus principales fuentes hidrográficas de subsistencia, se verán forzados a trabajar tiempo completo o ha destajo en las industrias mineras trasnacionales.

Sobre esto, es perentorio recordar que el Capitulo III de la Ley Orgánica de los Pueblos y Comunidades Indígenas (LOPCI) establece las condiciones de empleo y derechos laborales con los cuales goza, no siendo muy distantes a los consagrados en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (LOTTT), donde incluso según el artículo 121 de la ley citada ut supra, se establece su preferencia laboral en las empresas que se desarrollen en sus territorios.

Pero como podemos apreciar, este decreto no solo violenta los derechos laborales de los pueblos indígenas, si no que también atenta contra el artículo 5 de la LOPCI que hace referencia a la autogestión de los pueblos y comunidades indígenas como “…el derecho a decidir y asumir de modo autónomo el control de sus propias instituciones y formas de vida, sus practicas económicas, su identidad, cultural, derecho, usos y costumbres, educación, salud, cosmovisión, protección de sus conocimientos tradicionales, uso, protección y defensa de su hábitat y tierras y, en general, de la gestión cotidiana de sus vidas comunitaria dentro de sus tierras para mantener y fortalecer su identidad cultural…”   

Esto nos lleva a preguntarnos sobre cual es el tipo de desarrollo que a largo plazo tiene proyectado el Estado venezolano sobre los pueblos indígenas, mientras las referencias y avances a los pueblos indígenas son escasos en la Ley Plan de la Patria: Segundo plan socialista de desarrollo económico 2013-2019; por el contrario abundan las estrategias referidas a la proyeccion minera y extractiva. Es por ello que la fusión del Ministerio de Ambiente con Vivienda y Hábitat no es casual. 

También debemos acotar que la practica minera a gran escala atenta contra lo consagrado en el artículo 123 de la Constitución, al existir formas de producción y transacción más rentables que otras, los pueblos indígenas dejaran de cultivar su tierra y realizar intercambio de bienes y servicios, para dedicarse de llano a la explotación minera y al trabajo asalariado como forma de subsistencia.

Cónsono con lo anterior el artículo 8 de la Declaración Universal sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas de las Naciones Unidad, establece que los pueblos indígenas tienen derecho a no sufrir la asimilación forzada o la destrucción de su cultura, a través de múltiples mecanismos; entre ellos el de la obligación laboral forzada y el de adoptar practicas y costumbres occidentales que son ajenas a su idiosincrasia, como son: vestimenta, uso de horarios, las tiendas de raya, salarios e incluso la línea de mando jerarquizada.  

Como podemos observar estamos ante la construcción de una maquila que esclavizará a los pueblos indígenas, en nombre de un proceso político que no los representa y que hipoteca su hábitat y ambiente a empresas trasnacionales extractivistas.

Por consiguiente, ¡Paremos la consolidación del Arco Minero! Que no solo traerá contaminación ambiental, si no que permitirá la esclavitud moderna en Venezuela.     

Alcedo Mora en Tumeremo: Sobre la desaparición forzada en Venezuela.

Rodolfo Montes de Oca

Bitácora Personal

“Eso le paso a tu papa por estar hablando tanta pistolada…”

-Mensaje anónimo recibido por la familia Mora

El pasado 27 de febrero se cumplió un año de la desaparición forzada de Alcedo Mora en Mérida, supuestamente secuestrado por personas vinculadas a la extracción de gasolina del territorio nacional con destino a Colombia, con la anuencia y complicidad de trabajadores de PDVSA y funcionarios de la Gobernación de ese estado.

Su luctuoso “extravío” coincidió con la desaparición de 28 mineros en Tumeremo en el estado Bolívar, por parte de una banda delictiva dedicada al extractivismo de oro, con la posible anuencia de los cuerpos de seguridad municipales. No es casual que algunos sobrevivientes de este hecho informaran que había personas con chalecos antibalas y las siglas “Sebin” y “CICPC” impresos en sus pechos.

Ambos casos no solo son victimas de la política depredadora de un posible sector del oficialismo y del hampa, que se han dedicado a la extracción de commodities para enriquecer sus arcas personales. Resulta paradójico que una partida de galfaros pueda realizar una actividad extractivista de gran envergadura sin la anuencia y complicidad de las autoridades locales.

Esto nos lleva a plantearnos la posibilidad de que en Venezuela se este practicando la desaparición forzada de personas como una política de Estado. Según la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas de las Naciones Unidas, en el artículo 2 se entiende por desaparición: “…el arresto, la detención, el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la protección de la ley…”

Tal y como se desprende del párrafo anterior, la aquiescencia del Estado es una de las principales razones por lo cual podríamos hablar en estos casos de la desaparición forzada, debido a la precaria participación y escasos resultados arrojados por parte de los órganos judiciales.

Es necesario acotar que aunque el Ministerio Público se ha movilizado para determinar responsables y en ambos casos el Defensor del Pueblo se ha pronunciado, la misma es escueta y solo determina los responsables de los autores materiales y no los intelectuales. No se investiga de fondo la compleja maquinaria de bienes y personas que se debe poner en funcionamiento para extraer gandolas de gasolina en la frontera o para mantener campamentos donde se extrae oro que cuentan hasta con comedores.  

Hoy el nombre de Alcedo Mora se mezcla con el de 28 mineros y con los y los hermanos Esneider y Eliecer Vergel, todos ellos victimas de la política extractivista. ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Sabino en la memoria: 10 días de un olvido colectivo.

Rodolfo Montes de Oca

Bitácora Personal  

El pasado 03 de marzo se cumplieron 03 años del asesinato del cacique yukpa Sabino Romero, ha 10 días de una fecha que pocos reivindicaron y por la cual pocos se movilizaron, considero perentorio hacer esta breve reflexión.

Sabino Romero Izarra, para los que no recuerdan, fue la figura más significativa y combativa de la comunidad Chaktapa del pueblo yukpa, que desde el 2003 en concordancia con las disposiciones constitucionales, empezó a recuperar las tierras que habían habitado. Su osadía lo llevo a vivir un calvario en vida con la muerte de su padre a golpes, agresiones verbales, militarización de la zona, su judicialización por la jurisdicción ordinaria cuando debió ser la indígena, hasta su muerte en una emboscada.

Aunque el 15 de agosto del 2015, por impulso del Ministerio Público fueron condenados todos los autores materiales del asesinato a diez y treinta años de prisión; Poco se sabe sobre los autores intelectuales de su muerte, así como las razones que impulsaron su asesinato.   

Es perentorio recordar que existió una política gubernamental los últimos 16 años de acercamiento y reconocimiento de los pueblos indígenas, haciéndolos en teoría concesiones que ningún otro poder político les había otorgado; Sin embargo en la actualidad ese apoyo merma y se ceca como el Socuy ante la reactivación de la explotación del carbón en la Sierra de Perija.

Desde el 12 de enero de 2001, se publicó en la Gaceta Oficial nro. 37.118, la Ley de Demarcación y Garantía del Hábitat y Tierras de los Pueblos Indígenas, en la cual se establece el procedimiento, participación y consulta para la demarcación de su hábitat; Pero aunque existe un ordenamiento jurídico que garantiza su ejecución como política pública y se establece quienes son los organismos responsables de ejecutarlas, no se ha realizado la demarcación siendo la principal bandera enarbolada por Sabino durante su vida.    

Una de las principales causa de este incumplimiento radica en que durante años, algunos grupos aliados de los pueblos indígenas se han dedicado a servir de muro de contención entre las demandas y el Ejecutivo Nacional, evitando así que el malestar se desborde con la excusa de no beneficiar a una “oposición”, que poco o nada ha hecho para acercarse al 3% de la población.

Por el contrario, la actual Administración en vez de cooperar con la demarcación se ha hecho la vista gorda, haciendo gala de snobismo y burda teatralidad cuando propone en su Plan de la Patria cosas inverosímiles como “crear 40 comunas indígenas”, mientras se vanagloria de acelerar un “motor minero” que reactivara la explotación de carbón en la Sierra de Perija, para pagar los superfluos gastos del estamento militar.

Atrás quedo el parque eólico para la Guajira, las cadenas de televisión reconociendo el acercamiento con los yukpa, las consignas de “carbón no” y la masificación de la figura de Sabino Romero como un nuevo “Guacaipuro”…Todo eso hoy estorba a un gobierno que esta dispuesto a negociar con el IIRSA para garantizar un flujo de créditos necesarios para sortear una transición política.

Por consiguiente, hay que ser duros al afirmar que el gobierno no solo incumple la ley y  el mandato popular, si no que allana el camino para que Venezuela siga cumpliendo su rol dentro de la globalización económica como un surtidor de energía eficiente de las naciones del norte. Sin mencionar que sigue aupando y amparando a los terratenientes de GADEMA que se han cebado de la peor manera contra los yukpa.

La sombra de Sabino se esparce sobre nosotros, los aliados de los pueblos indígenas, para recordarnos que ningún gobierno y ningún Estado, por más revolucionario que se reivindique puede dar lo que las luchas desde abajo nos otorgan.¡Sabino sigue presente!