El pasado 25 de enero, un
batallón de la Guardia Nacional, SEBIN y otros organismos de represión al mando
del General del Comando Regional No, 4 y de la Ministra de Asuntos
Penitenciarios, Iris Valera, ejecutó un asalto contra el Centro de Reclusión de
Uribana, Edo. Lara, que culminó con una masacre de, según se estima, 60
personas asesinadas. De acuerdo con las denuncias de los familiares de los
presos, las cifras son mucho mayores, ya que, señalan personas desaparecidas
y/o enterradas dentro de los mismos recintos penitenciarios.
La acción fue justificada
argumentando que el “Estado retomará el control de las cárceles” y mediante una
serie de políticas que ha venido implementando el presidente Chavez y su
gabinete de trabajo. Su objetivo era ocupar por asalto los espacios y aniquilar
cualquier vestigio de articulación social al margen del asistencialismo de la
Administración Penitenciaria. Esta política llamada “Humanización
Penitenciaria”, no es más que un proyecto de simple maquillaje de los centros
de tortura y humillación carcelaria para intentar disimular el grotesco negocio
realizado alrededor de los pres@s. En el gobierno bolivariano los pres@s son,
también, una simple mercancía. En su mayoría, lar cárceles están pobladas de
personas provenientes de los sectores populares, (1) lo que demuestra la
demagogia e hipocresía de un Estado que se ha vanagloriado de favorecer a los
pobres.
Esta crisis penitenciaria es una
consecuencia directa de la presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB)
en la custodia de los penales. Estos amedrentan a las visitas familiares y
someten a la población reclusa a las más denigrantes condiciones de
subsistencia. La situación degradante de las prisiones es el caldo de cultivo
ideal para llevar a cabo los millonarios negocios de la GNB, del funcionariado
corrupto y otros órganos represores del poder como las policías. Organizaciones
de Derechos Humanos como PROVEA señalan que son constantes las huelgas,
autoflagelaciones, autosecuestro de visitantes, motines y secuestros de
funcionarios, “… como respuesta a las deplorables condiciones de reclusión, al
retardo procesal y en rechazo a la presencia de la Guardia Nacional.” (2)
Somos conscientes de que la
degradación moral y física que sufren los presos dentro de las cárceles incide
directamente en la situación de violencia e inseguridad que atravesamos.
Degradación que se refleja no sólo en los altos índices de hacinamiento
presentes en la mayoría de los penales, sino también, en la falta de servicios
básicos, como agua potable, comida sana y/o electricidad y en las decadentes
estructuras en las cuales deben permanecer. En suma, bajo éstas condiciones, y
con el incesante y eminente proceso general de deshumanización, la cárcel va
preparando a l@s privad@s de libertad para ser delincuentes al servicio y a las
órdenes de los principales cuerpos policiales del país, camino que toman
diversos presos para “sobrevivir” a la violencia en los penales, convirtiéndose
así en peones al servicio del terrorismo de Estado.
Denunciamos la campaña de
aniquilamiento físico y moral implementada por el Ministerio de Asuntos
Penitenciarios y la Guardia Nacional Bolivariana contra la población reclusa y
alertamos de los posibles planes Estatales futuros contra otras prisiones.
Queremos expresar nuestra más
sincera muestra de solidaridad con los familiares de todos los presos, con los
miles de presos que no son pranes, con las madres y mujeres encarceladas así
como con la población de LBGT de los penales ya que estos últimos sabemos deben
también soportar las vejaciones asociadas a la sociedad patriarcal que hoy
sufrimos.
Así mismo, nos pronunciamos
contra la falsa matriz de opinión creada por los medios opositores y
oficialistas de que “todos los presos son pranes” cuando la cruda realidad es
que existen, según el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) más de 48.000
personas privadas de su libertad, muchas de ellas en espera de ser procesad@s y
hacinadas en las peores condiciones en un número cada vez más reducidos de
planteles, pues el hacinamiento en las cárceles llega a un 175% (OVP).
Hacemos un llamado a los
movimientos sociales antagónicos y los grupos libertarios y autónomos a que se
solidaricen con las personas privadas de su libertad y sus familiares.
Toda muerte y tortura en prisión
es un crimen de Estado. Según el OVP, para el 2012 el número de muertos y
heridos en las cárceles es de 591 y 1132 respectivamente, así; el silencio es
complicidad.
Contra la política de exterminio
del Gobierno Bolivariano en los Centros de Reclusión. Contra el silencio
cómplice de los politiqueros de la MUD. Contra el reformismo de la llamada
“Humanización penitenciaria”. Porque lo único que se puede hacer con las
cárceles es abolirlas.
________________________
(1) El Informe de PROVEA (2011)
sobre “Derechos de las personas privadas de libertad” señala que “un 68% se
ubica en los estratos IV y V, pertenecientes a sectores en pobreza relativa y
pobreza extrema o crítica”.
(2) PROVEA: Informe del 2011
sobre “Derechos de las personas privadas de libertad”.
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